Madrid.– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, poniendo fin antes de tiempo a una legislatura marcada por las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios.
La decisión fue comunicada después de que el Congreso rechazara el pasado viernes dos decretos impulsados por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de la vivienda, en un contexto de creciente presión social por el elevado precio de los alquileres.
El anuncio también se produce tras las movilizaciones provocadas por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la vivienda en la que residía, un caso que generó una fuerte reacción social y reavivó el debate sobre el acceso a una vivienda digna.
Durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió la gestión de su Gobierno y llamó a los españoles a decidir entre avanzar hacia una mayor justicia social o permitir, según sus palabras, que España se sume a la “ola ultraderechista” que recorta derechos.
El mandatario aseguró que durante los últimos años su Ejecutivo ha adoptado medidas para fortalecer el Estado del bienestar y afrontar desafíos internacionales, aunque reconoció que no ha podido cumplir todos los objetivos planteados.
Sánchez explicó que el adelanto electoral busca conseguir una mayoría progresista más amplia que permita al Gobierno impulsar nuevas medidas sociales y continuar con su programa político.
La convocatoria ocurre luego de que el viernes el presidente abriera un periodo de reflexión sobre la posibilidad de adelantar los comicios, tras la derrota parlamentaria de las iniciativas relacionadas con el alquiler.
Los decretos fueron rechazados con los votos de la oposición conservadora, la extrema derecha y los independentistas catalanes de Junts, cuyo respaldo era clave para que el Ejecutivo pudiera sacar adelante sus propuestas.
El Gobierno de coalición, integrado por el Partido Socialista y Sumar, no cuenta con mayoría parlamentaria y en los últimos meses había enfrentado mayores dificultades para aprobar leyes, especialmente ante la falta de apoyo de Junts.
Hasta ahora, Sánchez había sostenido que las elecciones se celebrarían en 2027, cuando concluía oficialmente la actual legislatura, iniciada en 2023.
Vivienda y presión social
El rechazo a las medidas sobre vivienda se produjo en medio de grandes manifestaciones y acampadas en distintas ciudades españolas, con Madrid como uno de los principales focos de protesta.
Los manifestantes reclaman medidas que garanticen el acceso a viviendas a precios asequibles y que se eviten desalojos de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.
A la crisis de vivienda se suman las investigaciones por presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y procesos judiciales relacionados con familiares del presidente.
Sánchez también criticó duramente al Partido Popular y a Vox, a los que acusó de ejercer una oposición sin “sentido de Estado” y de bloquear iniciativas impulsadas por su Gobierno.
El presidente reconoció, no obstante, que existe descontento entre sectores de la población que consideran que sus intereses no están siendo atendidos por el Parlamento.
Por ello, defendió que las elecciones anticipadas permitan a los ciudadanos decidir el rumbo político del país y determinar si España apuesta por una mayoría progresista más amplia.
Sánchez también advirtió sobre los desafíos que enfrenta el mundo, entre ellos la crisis climática, las transformaciones sociales y el impacto de una inteligencia artificial que calificó de “muy disruptiva”.
Ahora serán los electores españoles quienes tendrán la última palabra en las urnas el próximo 29 de noviembre.
