Samuel Adrián había contemplado la posibilidad de ser detenido y, según sus propias declaraciones, estaba dispuesto a asumir ese riesgo.
El creador del documental Colombia: Fábrica de niños trans fue arrestado en Bogotá, luego de una decisión judicial que contempla una pena de 10 días de cárcel y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes.
El caso ha generado un nuevo debate en Colombia en torno a la desinformación, los derechos de las personas trans y los límites entre la libertad de expresión y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
El proceso contra Adrián estaría relacionado con el uso de imágenes obtenidas mediante cámaras ocultas, que posteriormente fueron editadas e incorporadas al documental. De acuerdo con las autoridades judiciales, la divulgación de este material podría afectar la reputación y el ejercicio profesional de algunas personas del sector sanitario involucradas en procesos de acompañamiento relacionados con la identidad de género.
Desde su lanzamiento, la producción ha recibido fuertes críticas de organizaciones LGBT+, especialistas en salud y defensores de los derechos humanos, quienes han cuestionado tanto su contenido como la forma en que aborda las experiencias de las personas trans.
A través de las redes sociales, personas trans y otras que han vivido procesos de transición también han defendido su derecho a construir su propia identidad y han cuestionado los mensajes que consideran potencialmente perjudiciales dentro del documental.
La producción presenta la historia de una joven que decidió detransicionar después de atravesar un proceso de transición de género. De acuerdo con su testimonio, la decisión estuvo relacionada, entre otros aspectos, con lo que considera una falta de información y con un complejo cuadro de salud mental.
Adrián, quien se identifica como cristiano, ha manifestado públicamente su oposición a los tratamientos vinculados con la transición de género y ha impulsado un debate sobre estas prácticas en Colombia, así como sobre lo que considera la necesidad de poner fin a procedimientos que, según su postura, afectan a la niñez.
Tras su arresto, el propio Adrián había señalado que conocía el riesgo que enfrentaba. Sin embargo, sostuvo que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus acciones.
Más allá de la controversia que rodea el documental y el proceso judicial, el caso también ha vuelto a poner en el centro de la discusión la protección de los niños, un aspecto que, según sus declaraciones, considera prioritario.
