Los pastores y esposos Marcos Yaroide y Laura Cárdenas emitieron este lunes un comunicado público en el que rechazan de manera “categórica, absoluta y enérgica” las acusaciones que, según afirman, han circulado en los últimos días y que buscan desacreditar su imagen, su ministerio y su labor como pastores y artistas cristianos.
Aunque el comunicado no identifica a la comunicadora a la que hacen referencia, el pronunciamiento se produce luego de que surgieran comentarios públicos relacionados con ellos, primero tras un reportaje de la periodista Nuria Piera y posteriormente después de declaraciones de la comunicadora Amelia Alcántara, quien aseguró que supuestamente le querían cobrar por realizar una oración.
En el documento, los pastores sostienen que recientemente “una comunicadora” realizó una afirmación pública asegurando que ellos cobran dinero por orar por una persona, una versión que califican como “completamente falsa”.
“Jamás hemos cobrado por orar por una persona. Quien sostenga semejante acusación tiene la obligación moral y legal de respaldarla con pruebas contundentes”, expresan en el comunicado.
Yaroide y Cárdenas aseguran que durante toda su trayectoria ministerial, artística y pública se han conducido con integridad, transparencia y temor de Dios, y afirman que nadie ha podido demostrar que hayan robado, estafado, defraudado o causado perjuicio mediante actos deshonestos.
Asimismo, señalaron que respetan la libertad de expresión, pero advirtieron que este derecho no ampara la difamación, la calumnia ni la atribución de hechos falsos, ni tampoco la manipulación de contenido audiovisual para crear una realidad inexistente.
En ese sentido, exhortaron públicamente a la persona que realizó la acusación a presentar las pruebas que respalden sus afirmaciones. De no existir evidencias, indicaron que procederán por las vías legales correspondientes para defender su buen nombre y reclamar la reparación de los daños que, aseguran, les han sido ocasionados.
Finalmente, informaron que su equipo jurídico ya fue instruido para iniciar todas las acciones legales que resulten procedentes contra cualquier persona que difunda, reproduzca o sostenga afirmaciones falsas que lesionen su honor, el de su familia o la reputación de su ministerio, así como contra quienes manipulen o descontextualicen entrevistas, publicaciones u otros contenidos con el propósito de atribuirles declaraciones que, según sostienen, no corresponden a la realidad.
